En este punto tenemos que hacer una distinción. Frente al poder y a los poderosos, todos los colombianos estamos por fuera. En Colombia, la exclusión es la regla. De ahí que hayamos decidido incluir en nuestra plataforma las consideraciones que anteceden, porque, en ese sentido, los colombianos en el exterior participamos de nuestra condición común. Pero no se nos olvida que, aparte de ser colombianos por fuera, somos también colombianos en el exterior, y que esa es la razón última de la presencia que tenemos en este escenario. Como tales, y antes de enumerar nuestros objetivos en el Congreso, quisiéramos hacer una consideración general.
Es cierto que nuestro trabajo debe centrarse en torno a las condiciones que enfrenta la diáspora, que muchas veces son inequitativas y difíciles. Pero también es cierto que esas condiciones comienzan en el interior del país, no sólo por la violencia que se ejerce sobre aquellos a quienes se obliga a desplazarse, sino por la ineficacia del aparato burocrático encargado de atender ese tipo de asuntos en la Cancillería. En consecuencia, no es inútil señalar que nuestro representante debe formar parte de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara, y que, desde ella, debe impulsar proyectos que introduzcan reformas sustanciales al servicio exterior de Colombia, que modernicen y tecnifiquen la carrera diplomática y consular del país, y que le den a sus agentes, en cualquier rango, un carácter técnico y profesional adecuado, exigiéndoles la pericia suficiente para trabajar, con conocimiento de causa, en la ubicación y solución de las necesidades que enfrentamos quienes vivimos en el exterior.
A lo largo de años hemos comprobado que los agentes diplomáticos y consulares del país se consideran “de mejor familia” que los colombianos para quienes trabajan. Por lo general, esos funcionarios no son agentes del Estado sino del gobierno de turno, y se limitan a ser una pieza más en el ajedrez de la propaganda. Casi de manera invariable, los colombianos llegamos a las oficinas de nuestro país en el exterior, con el temor de ser maltratados. Eso debe cambiar. Los diplomáticos y cónsules del país están en la obligación de enterarse, en primer término, de los acuerdos bilaterales que regulan la vida de los nacionales en el país de que se trate, y de desarrollar estrategias para modificarlas en beneficio de esos nacionales. En su mensaje desde Viena a nuestro “colectivo de colectivos”, Aldemar Llano trae el ejemplo que necesitamos para ilustrar lo que queremos decir: “Se trata –dice él– de la doble nacionalidad. En algunos países, como Austria y Alemania, los gobiernos exigen a quienes desean tomar estas nacionalidades que renuncien a su condición de colombianos, y para tal efecto piden que dichas personas lleven un certificado del consulado colombiano donde se especifique, con firma y sello, que quien hace la solicitud ya no es colombiano, que ha renunciado a su nacionalidad. Eso es contradictorio frente a lo que dice la Constitución Política de Colombia: ‘Ningún colombiano por nacimiento podrá ser privado de su nacionalidad. La calidad de nacional colombiano no se pierde por el hecho de adquirir otra nacionalidad. Los nacionales por adopción no estarán obligados a renunciar a su nacionalidad de origen o adopción. / Quienes hayan renunciado a la nacionalidad colombiana podrán recobrarla con arreglo a la ley’. ¿Por qué acepta el estado colombiano que podamos perder nuestra nacionalidad? A los argentinos, por ejemplo, su consulado les entrega un certificado donde consta que la constitución de su país, les prohíbe renunciar a su nacionalidad por la razón que sea. Esto, me parece, es un problema grave, y es Colombia (a través del consulado), la que les retira sus cédulas de ciudadanía a nuestros nacionales, momento en el cual pierden todos sus derechos como colombianos”.
Distingamos entonces entre las acciones que se deben desarrollar en el exterior y las que se deben desarrollar en Colombia. Como es obvio, no serán las oficinas consulares y diplomáticas las encargadas de solucionar los problemas, pero sí serán ellas las que deban tramitar ante la Cancillería los acuerdos que deben proponerse para impedir cualquier tipo de discriminación contra los colombianos.
domingo, 10 de enero de 2010
ll. UN CAMINO HACIA EL ESPACIO POLÍTICO
Hasta ahora hemos hablado desde un punto de vista general, porque, aunque somos miembros del PDA, nuestra situación de desplazados hacia el exterior nos permite mirar el espectro político desde una perspectiva diferente. No creemos necesario recordar que participamos a conciencia de una posición de izquierda democrática, y que nuestro compromiso fundamental es con el partido, no sólo porque participamos de sus propuestas e ideales, sino también porque sabemos que será a través suyo como podremos avanzar hacia un territorio distinto y digno, en el que todos podamos vivir en libertad y con justicia.
Estas páginas, que todavía pretenden ser una plataforma para la acción legislativa, tienen razón de ser si a partir de ellas queda claro que nuestro compromiso va más allá de las elecciones del 2010. En el período electoral recogeremos opiniones, propuestas, ideas, análisis y necesidades de los colombianos en el exterior (sabiendo, como sabemos, que los colombianos en el exterior reflexionan continuamente sobre la situación de los colombianos en el interior), para, con base en ellas, alimentar lo que será nuestra futura acción política. “Esa acción –escribió Manuel Salamanca en un mensaje a nuestro “colectivo de colectivos”– tendrá que nutrirse de las vivencias de los excluidos, de los dejados de lado, de los exiliados políticos y económicos, para convertirse en reivindicaciones que se enlacen con los movimientos sociales de nuestra Colombia oprimida”.
¿Cuáles son esas vivencias? Pensamos que, ante todo, tienen que ver con el atropello a los derechos humanos, los crímenes de lesa humanidad, los asesinatos selectivos, el despojo de la propiedad de la tierra, las torturas, y la absurda protección por parte del Estado de los violadores y asesinos. Nos solidarizaremos con quienes creen que esos crímenes deben tener responsables. Seremos claros en manifestar que, frente a la situación que vive el país no puede aplicarse de ninguna manera el perdón y olvido. Nuestra acción se dirigirá a darle poder a la justicia para que condene a los criminales, sea cual sea la instancia en que se desempeñen. Trataremos de que las indemnizaciones a las víctimas correspondan a la ofensa que hayan recibido. Pero, sabiendo que esas situaciones obedecen al desequilibrio que ha vivido el país por espacio de sus pretendidos doscientos años de vida independiente, buscaremos, además, que se generen procesos de cambio social y trataremos de hacer oír nuestra voz en defensa de las luchas populares y de las reivindicaciones sociales de sindicalistas, indígenas, negritudes y desplazados. Estudiaremos y propondremos los puntos centrales de una política adecuada en defensa del medio ambiente, la biodiversidad, las riquezas forestales y minerales del país, y la preservación del subsuelo, gracias a la cual lleguemos a conocer las dificultades que enfrentamos en lo que se refiere a la preservación de los recursos naturales, renovables y no renovables, y estemos en capacidad de respaldar con eficacia a los grupos y comunidades que se han enfrentado a las grandes corporaciones y empresas trasnacionales, en defensa de esos mismos recursos. De otra parte, trabajaremos a conciencia contra el dogma y los dogmas, y buscaremos que los grupos que todavía se consideran marginales, las mujeres (¡las mujeres!), las comunidades de LGBT, los indigentes, los menores de edad y los ancianos, encuentren respaldo para sus demandas de igualdad y puedan gozar de la plenitud de sus derechos. Ayudaremos a romper la brecha social en que nos debatimos, y lucharemos sin cuartel contra la corrupción, que es, sin duda, una de las bases sobre las cuales se estratifican nuestras abismales diferencias. Y, por último, idearemos caminos para mejorar las condiciones económicas de los colombianos en extrema pobreza, y estaremos atentos a que no se fracturen todavía más las estructuras económicas que nos han llevado a ser, hoy por hoy, dos países irreconciliables: el de la miseria absoluta, indefenso y vencido por el de la riqueza absoluta de unos pocos, que no se justifica ni se explica.
Trabajaremos entonces para que el PDA llegue a la Presidencia de la República con sus programas y su plataforma de unidad, buscando que alrededor de esos programas y de esa plataforma se consolide el consenso que necesitamos. En consecuencia, respaldaremos con entusiasmo el proceso y las decisiones que se tomen teniendo como objetivo esa meta. Sabemos que, aparte de las políticas que hemos enumerado, el nuevo gobierno, según lo señala la coherencia de su programa, deberá ponerle punto final al debate en torno a los Tratados de Libre Comercio que ahora se discuten, dentro de los parámetros que contemplan, dado que son nocivos para los intereses de las mayorías; tendrá también que denunciar y rechazar el convenio violatorio de la soberanía del país, que permite el uso de bases e instalaciones militares de Colombia por parte del ejército de los Estados Unidos; será necesario que busque integrarse en forma decidida al actual proceso político latinoamericano, que ha diseñado soluciones democráticas para la crisis de desigualdad que vive el continente; y tendrá que comprometerse en el respeto a la autonomía de los pueblos, y a las diversas formas que asume una misma nacionalidad en nuestro territorio.
Estas páginas, que todavía pretenden ser una plataforma para la acción legislativa, tienen razón de ser si a partir de ellas queda claro que nuestro compromiso va más allá de las elecciones del 2010. En el período electoral recogeremos opiniones, propuestas, ideas, análisis y necesidades de los colombianos en el exterior (sabiendo, como sabemos, que los colombianos en el exterior reflexionan continuamente sobre la situación de los colombianos en el interior), para, con base en ellas, alimentar lo que será nuestra futura acción política. “Esa acción –escribió Manuel Salamanca en un mensaje a nuestro “colectivo de colectivos”– tendrá que nutrirse de las vivencias de los excluidos, de los dejados de lado, de los exiliados políticos y económicos, para convertirse en reivindicaciones que se enlacen con los movimientos sociales de nuestra Colombia oprimida”.
¿Cuáles son esas vivencias? Pensamos que, ante todo, tienen que ver con el atropello a los derechos humanos, los crímenes de lesa humanidad, los asesinatos selectivos, el despojo de la propiedad de la tierra, las torturas, y la absurda protección por parte del Estado de los violadores y asesinos. Nos solidarizaremos con quienes creen que esos crímenes deben tener responsables. Seremos claros en manifestar que, frente a la situación que vive el país no puede aplicarse de ninguna manera el perdón y olvido. Nuestra acción se dirigirá a darle poder a la justicia para que condene a los criminales, sea cual sea la instancia en que se desempeñen. Trataremos de que las indemnizaciones a las víctimas correspondan a la ofensa que hayan recibido. Pero, sabiendo que esas situaciones obedecen al desequilibrio que ha vivido el país por espacio de sus pretendidos doscientos años de vida independiente, buscaremos, además, que se generen procesos de cambio social y trataremos de hacer oír nuestra voz en defensa de las luchas populares y de las reivindicaciones sociales de sindicalistas, indígenas, negritudes y desplazados. Estudiaremos y propondremos los puntos centrales de una política adecuada en defensa del medio ambiente, la biodiversidad, las riquezas forestales y minerales del país, y la preservación del subsuelo, gracias a la cual lleguemos a conocer las dificultades que enfrentamos en lo que se refiere a la preservación de los recursos naturales, renovables y no renovables, y estemos en capacidad de respaldar con eficacia a los grupos y comunidades que se han enfrentado a las grandes corporaciones y empresas trasnacionales, en defensa de esos mismos recursos. De otra parte, trabajaremos a conciencia contra el dogma y los dogmas, y buscaremos que los grupos que todavía se consideran marginales, las mujeres (¡las mujeres!), las comunidades de LGBT, los indigentes, los menores de edad y los ancianos, encuentren respaldo para sus demandas de igualdad y puedan gozar de la plenitud de sus derechos. Ayudaremos a romper la brecha social en que nos debatimos, y lucharemos sin cuartel contra la corrupción, que es, sin duda, una de las bases sobre las cuales se estratifican nuestras abismales diferencias. Y, por último, idearemos caminos para mejorar las condiciones económicas de los colombianos en extrema pobreza, y estaremos atentos a que no se fracturen todavía más las estructuras económicas que nos han llevado a ser, hoy por hoy, dos países irreconciliables: el de la miseria absoluta, indefenso y vencido por el de la riqueza absoluta de unos pocos, que no se justifica ni se explica.
Trabajaremos entonces para que el PDA llegue a la Presidencia de la República con sus programas y su plataforma de unidad, buscando que alrededor de esos programas y de esa plataforma se consolide el consenso que necesitamos. En consecuencia, respaldaremos con entusiasmo el proceso y las decisiones que se tomen teniendo como objetivo esa meta. Sabemos que, aparte de las políticas que hemos enumerado, el nuevo gobierno, según lo señala la coherencia de su programa, deberá ponerle punto final al debate en torno a los Tratados de Libre Comercio que ahora se discuten, dentro de los parámetros que contemplan, dado que son nocivos para los intereses de las mayorías; tendrá también que denunciar y rechazar el convenio violatorio de la soberanía del país, que permite el uso de bases e instalaciones militares de Colombia por parte del ejército de los Estados Unidos; será necesario que busque integrarse en forma decidida al actual proceso político latinoamericano, que ha diseñado soluciones democráticas para la crisis de desigualdad que vive el continente; y tendrá que comprometerse en el respeto a la autonomía de los pueblos, y a las diversas formas que asume una misma nacionalidad en nuestro territorio.
EL TERCERO EXCLUIDO
A quienes estamos en el exterior, expulsados de nuestro país por el narcoterrorismo de los sectores oficiales, nos corresponde trabajar sin tregua para que esa situación se modifique lo antes posible. No somos unos privilegiados. Tampoco queremos alegar la condición de víctimas. Simplemente nuestra situación específica nos ha convertido en los terceros excluidos de que habla desde hace algunos años la academia. Pero los terceros excluidos tienen una capacidad de la que tal vez no disponen los actores del conflicto: pueden hablar en libertad. Pueden pensar. Pueden promover acciones diferentes y buscar soluciones imaginativas.
Esa será nuestra tarea, no sólo como miembros del Polo Democrático sino como colombianos residentes en el exterior. Unos colombianos que todavía no han perdido a Colombia, y que no quieren perderla.
Esa será nuestra tarea, no sólo como miembros del Polo Democrático sino como colombianos residentes en el exterior. Unos colombianos que todavía no han perdido a Colombia, y que no quieren perderla.
UNA CONCIENCIA POLÍTICA EN LIBERTAD
Pensamos igual. Desde hace años, unos más, otros menos, venimos trabajando dentro del Polo Democrático Alternativo en la búsqueda de soluciones para los graves problemas que afectan al país. Consideramos, en primer término, que hay que crear una conciencia política en libertad. Colombia vive oprimida por los dogmas, por el miedo, por las ideas fijas, y ahora, por el pobre lenguaje de un discurso político degradado y de una publicidad vacía, que sólo le habla a quienes son incapaces de pensar y debatir. Es necesario crear una opinión pública que no se amilane ante el aparato del poder. Los problemas están dados, pero las soluciones sólo podrán comenzar a buscarse cuando los enfrentemos sin temor. En este momento, a la miseria generalizada, con todas sus secuelas, se le da un solo nombre, que cala en la conciencia colectiva como una condena. Entre nosotros todo es “terrorismo”. O, peor, “narcoterrorismo”. La falta de escuelas, de viviendas, de servicios públicos, de empleos, de créditos, de seguridad social, la agresiva militarización, inmersa en el territorio del Código Penal, la subasta de los recursos del Estado entre unas pocas corporaciones privilegiadas, la destrucción del medio ambiente, el atropello a la soberanía por quienes precisamente están encargados de defenderla, la venta al peor postor del trabajo de campesinos, obreros y pequeños industriales, la persecución de sindicalistas y sindicatos, de maestros y asociaciones, de desempleados, en una palabra, de la falta de todo, de absolutamente todo, tiene la culpa ese fantasma gris e indefinido que el gobierno llama “narcoterrorismo”. No hay trabajo porque hay que luchar contra el narcoterrorismo. Crecen los impuestos por culpa del narcoterrorismo. Se empobrecen las regiones porque hay narcoterrorismo. No se permite la libre asociación, porque detrás de ella se esconde el narcoterrorismo. Y es el gobierno el campeón de la justicia, y el presidente el Batman enmascarado que lucha contra la indignidad de un minúsculo grupo de colombianos perversos. Llevamos años oyendo y padeciendo ese mismo discurso. Y las cosas empeoran cada día. Para luchar contra el narcoterrorismo, el gobierno ha ampliado y diversificado su acción narcoterrorista. Y no sólo porque extender en esa forma absurda una noción específica, es terrorismo, sino porque el crimen organizado se ha apoderado de todo, y hoy comete crímenes que quedan impunes sacando a relucir su fácil caballito de batalla: el narcoterrorismo. Digamos, entonces, de una vez y con claridad, lo que queremos decir: el actual gobierno de Colombia es el terrorista y, todavía peor, el narcoterrorista que el actual gobierno de Colombia busca por todos los rincones. ¿Por qué no lo encuentra? Tal vez porque los colombianos nos hemos adocenado, porque no hablamos ni debatimos, porque aceptamos argumentos de autoridad sin ningún examen crítico, en una palabra, porque nos hemos dejado dominar por la apatía y por el miedo.
ELECCIÓN, ABSTENCIÓN, REPRESENTACIÓN
Pero en torno a esta elección se presentan algunas inconsistencias. Señalaremos tres de ellas.
La primera, sobre la elección propiamente dicha. Se trata, como lo define la ley, de una “minoría política”, que, como hemos visto, es en realidad una enorme mayoría. Por esa minoría sólo pueden votar los colombianos que residen en el exterior. Aunque se han dado valiosos argumentos a favor de esa tesis, entre nosotros no hay todavía un acuerdo. Quienes sostienen que todo voto es válido, afirman que si para las circunscripciones indígenas y de negritudes puede votar cualquier ciudadano que no pertenezca a dichas etnias, ¿por qué para elegir al representante de los colombianos en el exterior no puede votar cualquiera, sin que importe su sitio de residencia? Entre tanto, quienes afirman que sólo se deben aceptar los votos de quienes estén en el exterior, sostienen que llama a confusión el hecho de que pueda votar por una circunscripción cuya especialidad se afirma sobre el territorio, alguien que viva en Colombia. No creemos que este sea un debate académico, y será necesario volver sobre él dado que hasta el momento sólo hemos llegado a la conclusión unánime de que la residencia del posible candidato deba estar ubicada fuera de Colombia. Por ahora sabemos que en el tarjetón que circulará dentro del país, figurará la cara, el nombre y el número de quien aspire a representar a los colombianos en el exterior, pero que los votos que se depositen por él dentro del país, serán nulos. Dicho en otras palabras, el gobierno induce al error pero sanciona el error. Creemos que ese tipo de inconsistencias deben ser resueltas al comienzo del próximo período legislativo.
La segunda, sobre la abstención. Ya hemos visto que será enorme. Es por lo menos absurdo que el representante de seis millones de personas sea elegido por unos pocos miles de votos. Queremos señalar, siempre con Olga Lucía González, que, dentro de esas cifras, su incidencia en el Congreso es mínima. “¿Existe –pregunta ella– una capacidad organizativa que reúna colectivos y aumente la participación de los migrantes en la vida pública nacional? ¿Puede haber una traducción política de los lazos trasnacionales?”. Y concluye: “Lo principal, creo, es que quienes importan divisas, sostienen el nivel de la balanza de pagos y difunden la cultura colombiana en el resto del mundo, construyan una relación política con su país”. Ahora bien, esa relación no se construye absteniéndose. Se ha convertido en un tópico señalar que un solo voto es inútil, que al candidato no lo eligen los ciudadanos sino las camarillas, que todos los elegidos son iguales: corruptos, vacíos y ausentes. Consideramos que es necesario trabajar sobre esas ideas fijas, para tratar de cambiarlas no sólo con nuestros argumentos sino con nuestra acción. En caso de que nuestro candidato resulte electo, estamos decididos a colaborar con él para sacar adelante su tarea… que es la nuestra. Ese representante será nuestro mandatario, siendo claro para nosotros que el mandatario es quien ejecuta lo ordenado por los mandantes. Quisiéramos que este fuera un argumento de peso en contra de la abstención. En nuestra forma de ver la política, creemos que al depositar su voto, el ciudadano que lo haga llegará, por eso sólo hecho, al Congreso de la República. Y queremos que nuestro candidato sepa que su voz es nuestra voz, y su conducta nuestra conducta. En este caso concreto, esa, también, es su importancia, y ese su compromiso.
Y la tercera, sobre la representación. Aunque hayamos abundado en una única cita, valdría la pena anotar con González que “hasta ahora el discurso que predomina es que [la curul] debe servir para que mejore la situación de los colombianos como inmigrantes. El objetivo es loable pero limitado, pues la política migratoria depende esencialmente de los países de recepción, que además tienen legislaciones muy diferentes… En cambio me parece que esta curul podría servir para incidir sobre los factores que empujan a la gente a salir del país: la falta de oportunidades económicas y la violencia. Pienso que tiene sentido elegir a un representante que trabaje con una bancada que tenga por horizonte cambiar el statu quo”.
La primera, sobre la elección propiamente dicha. Se trata, como lo define la ley, de una “minoría política”, que, como hemos visto, es en realidad una enorme mayoría. Por esa minoría sólo pueden votar los colombianos que residen en el exterior. Aunque se han dado valiosos argumentos a favor de esa tesis, entre nosotros no hay todavía un acuerdo. Quienes sostienen que todo voto es válido, afirman que si para las circunscripciones indígenas y de negritudes puede votar cualquier ciudadano que no pertenezca a dichas etnias, ¿por qué para elegir al representante de los colombianos en el exterior no puede votar cualquiera, sin que importe su sitio de residencia? Entre tanto, quienes afirman que sólo se deben aceptar los votos de quienes estén en el exterior, sostienen que llama a confusión el hecho de que pueda votar por una circunscripción cuya especialidad se afirma sobre el territorio, alguien que viva en Colombia. No creemos que este sea un debate académico, y será necesario volver sobre él dado que hasta el momento sólo hemos llegado a la conclusión unánime de que la residencia del posible candidato deba estar ubicada fuera de Colombia. Por ahora sabemos que en el tarjetón que circulará dentro del país, figurará la cara, el nombre y el número de quien aspire a representar a los colombianos en el exterior, pero que los votos que se depositen por él dentro del país, serán nulos. Dicho en otras palabras, el gobierno induce al error pero sanciona el error. Creemos que ese tipo de inconsistencias deben ser resueltas al comienzo del próximo período legislativo.
La segunda, sobre la abstención. Ya hemos visto que será enorme. Es por lo menos absurdo que el representante de seis millones de personas sea elegido por unos pocos miles de votos. Queremos señalar, siempre con Olga Lucía González, que, dentro de esas cifras, su incidencia en el Congreso es mínima. “¿Existe –pregunta ella– una capacidad organizativa que reúna colectivos y aumente la participación de los migrantes en la vida pública nacional? ¿Puede haber una traducción política de los lazos trasnacionales?”. Y concluye: “Lo principal, creo, es que quienes importan divisas, sostienen el nivel de la balanza de pagos y difunden la cultura colombiana en el resto del mundo, construyan una relación política con su país”. Ahora bien, esa relación no se construye absteniéndose. Se ha convertido en un tópico señalar que un solo voto es inútil, que al candidato no lo eligen los ciudadanos sino las camarillas, que todos los elegidos son iguales: corruptos, vacíos y ausentes. Consideramos que es necesario trabajar sobre esas ideas fijas, para tratar de cambiarlas no sólo con nuestros argumentos sino con nuestra acción. En caso de que nuestro candidato resulte electo, estamos decididos a colaborar con él para sacar adelante su tarea… que es la nuestra. Ese representante será nuestro mandatario, siendo claro para nosotros que el mandatario es quien ejecuta lo ordenado por los mandantes. Quisiéramos que este fuera un argumento de peso en contra de la abstención. En nuestra forma de ver la política, creemos que al depositar su voto, el ciudadano que lo haga llegará, por eso sólo hecho, al Congreso de la República. Y queremos que nuestro candidato sepa que su voz es nuestra voz, y su conducta nuestra conducta. En este caso concreto, esa, también, es su importancia, y ese su compromiso.
Y la tercera, sobre la representación. Aunque hayamos abundado en una única cita, valdría la pena anotar con González que “hasta ahora el discurso que predomina es que [la curul] debe servir para que mejore la situación de los colombianos como inmigrantes. El objetivo es loable pero limitado, pues la política migratoria depende esencialmente de los países de recepción, que además tienen legislaciones muy diferentes… En cambio me parece que esta curul podría servir para incidir sobre los factores que empujan a la gente a salir del país: la falta de oportunidades económicas y la violencia. Pienso que tiene sentido elegir a un representante que trabaje con una bancada que tenga por horizonte cambiar el statu quo”.
JUNTOS PERO NO REVUELTOS
En este punto necesitamos hacer una distinción esencial: buscaremos que nuestro candidato sea el representante de los “colombianos en el exterior”, de todos ellos, pero queremos recalcar que en esa denominación genérica: “colombianos en el exterior” hay señaladas diferencias. Hacia adentro de nuestra posición política, hemos tomado como punto de partida el desplazamiento forzoso. Ninguno de nosotros está cómodamente instalado en el exterior. Hemos tenido que abrirnos paso, si es que nos lo hemos abierto, con enormes dificultades, con sacrificios, con renuncias inevitables a los derechos mínimos que tenemos los colombianos en Colombia, por el simple hecho de ser colombianos. Nuestro programa abarca a todos los “colombianos en el exterior”, pero su columna vertebral sale de la mirada que tienen los desplazados. El origen de nuestro programa es entonces inequívoco. Reclamamos, eso sí, el voto de todos aquellos que, ubicados en el exterior pero en cualquier lugar de nuestro espectro político, quieran ayudar a poner punto final a la discriminación y la injusticia.
Sabemos que el tiempo que tenemos para desarrollar la tarea que enfrentamos es mínimo. Según un estudio publicado en la primera semana de enero por la firma Ibernet Media & Consultants, de Nueva York, seis millones de colombianos viven en el exterior, la mayoría de ellos en España y en los Estados Unidos. El estudio lo dice: seis millones de personas son más que los habitantes de Paraguay. Y añade: “Además de motivaciones económicas, muchas de las personas que abandonan a Colombia lo hacen por persecuciones que amenazan su vida”. Tal es el espectro sobre el cual tendremos que desarrollar nuestro trabajo.
¿Cuántas de esas personas estarán en capacidad de votar? La cifra es un misterio. Pero, de cualquier manera, son millones de desplazados por cualquier causa los que eligen a un solo representante. A estas alturas, cuando ya se ha cumplido el plazo de inscripción, en los comicios del 14 de marzo se repetirá una constante histórica. Según un estudio de la socióloga Olga Lucía González, en las elecciones del 2002 sólo el 4.1 por ciento de los colombianos residentes en el exterior estuvo habilitado para votar. Ese año hubo apenas 37 mil sufragios, y sólo dos mil quinientas personas sufragaron afuera del país por quien resultó electo. Todo eso es un absurdo. Nuestro propósito es el de ganar la curul, claro está, pero también el de señalar la significación que ella tiene. Mientras, en promedio, un representante en Colombia es el vocero de un millón de personas, el de los colombianos en el exterior representa a seis millones. Esa es su importancia, y ese su compromiso.
Sabemos que el tiempo que tenemos para desarrollar la tarea que enfrentamos es mínimo. Según un estudio publicado en la primera semana de enero por la firma Ibernet Media & Consultants, de Nueva York, seis millones de colombianos viven en el exterior, la mayoría de ellos en España y en los Estados Unidos. El estudio lo dice: seis millones de personas son más que los habitantes de Paraguay. Y añade: “Además de motivaciones económicas, muchas de las personas que abandonan a Colombia lo hacen por persecuciones que amenazan su vida”. Tal es el espectro sobre el cual tendremos que desarrollar nuestro trabajo.
¿Cuántas de esas personas estarán en capacidad de votar? La cifra es un misterio. Pero, de cualquier manera, son millones de desplazados por cualquier causa los que eligen a un solo representante. A estas alturas, cuando ya se ha cumplido el plazo de inscripción, en los comicios del 14 de marzo se repetirá una constante histórica. Según un estudio de la socióloga Olga Lucía González, en las elecciones del 2002 sólo el 4.1 por ciento de los colombianos residentes en el exterior estuvo habilitado para votar. Ese año hubo apenas 37 mil sufragios, y sólo dos mil quinientas personas sufragaron afuera del país por quien resultó electo. Todo eso es un absurdo. Nuestro propósito es el de ganar la curul, claro está, pero también el de señalar la significación que ella tiene. Mientras, en promedio, un representante en Colombia es el vocero de un millón de personas, el de los colombianos en el exterior representa a seis millones. Esa es su importancia, y ese su compromiso.
I. PUNTO DE PARTIDA
Los documentos oficiales y los discursos de la administración y de los políticos vinculados al aparato burocrático, le anuncian al país que dentro de pocos meses Colombia celebrará doscientos años de vida independiente. Nos parece necesario sostener lo contrario: en Colombia jamás hemos tenido ninguna independencia.
Con excepción de Simón Bolívar y de unos pocos escritores y activistas, quienes han tenido cierta relevancia en nuestra historia común han buscado llevarnos hacia una actitud dependiente. Durante tres siglos fuimos una colonia de España, luego, por obsecuencia, de distintos países de Europa, después nos conformamos con ser un espacio vencido para que se desarrollara el pensamiento de Francia o la expresión literaria de España, e inclusive para que hicieran proselitismo células de una retorcida acción política de extrema derecha, sin que nada de ello haya interrumpido el hecho de que, desde la segunda mitad del siglo XIX, comenzamos a ser lo que todavía somos: una colonia militar, económica y política de los Estados Unidos.
Ahora mismo aceptamos como un hecho que la actitud que nos produce mayores beneficios es la de permanecer de rodillas ante el imperio. Los últimos episodios de nuestra política internacional señalan que somos seres obedientes, sometidos, siempre de acuerdo con el poder, con el más fuerte. Para qué recordar nuestra condescendencia frente a Washington en las primeras décadas de la Revolución Cubana; o el hecho de que hayamos sido el “Caín de Latinoamérica”, cuando defendimos la posición de Gran Bretaña en la guerra de las Malvinas; o el respaldo que ofrecimos a los invasores de Irak. No podemos aceptar, con los partidarios del gobierno, que esa falta de carácter sea una ventaja. Y no nos gusta nuestro caminar de cangrejo.
Duele pensar que mientras América Latina intenta modificar a fondo su fisonomía política, Colombia hace fila detrás de un secundario plato de lentejas. No es una coincidencia que los últimos gobiernos hayan insistido, uno tras otro, en llegar a acuerdos de libre comercio que nos ubican en una pretendida postmodernidad sin que importe el sacrificio de millones de artesanos y de campesinos. Tampoco, que la administración Uribe haya sido cómplice del atropello de la soberanía, en torno al uso de las bases militares por las fuerzas de los Estados Unidos. Menos, que el ataque en el Ecuador haya violado el territorio de un vecino, que siempre fue, y ha sido, solidario con Colombia. Nosotros queremos hacer énfasis sobre estos asuntos porque, como desplazados de un país que cada día se vuelve más áspero y difícil, pensamos que tienen importancia para nuestro futuro colectivo.
Con excepción de Simón Bolívar y de unos pocos escritores y activistas, quienes han tenido cierta relevancia en nuestra historia común han buscado llevarnos hacia una actitud dependiente. Durante tres siglos fuimos una colonia de España, luego, por obsecuencia, de distintos países de Europa, después nos conformamos con ser un espacio vencido para que se desarrollara el pensamiento de Francia o la expresión literaria de España, e inclusive para que hicieran proselitismo células de una retorcida acción política de extrema derecha, sin que nada de ello haya interrumpido el hecho de que, desde la segunda mitad del siglo XIX, comenzamos a ser lo que todavía somos: una colonia militar, económica y política de los Estados Unidos.
Ahora mismo aceptamos como un hecho que la actitud que nos produce mayores beneficios es la de permanecer de rodillas ante el imperio. Los últimos episodios de nuestra política internacional señalan que somos seres obedientes, sometidos, siempre de acuerdo con el poder, con el más fuerte. Para qué recordar nuestra condescendencia frente a Washington en las primeras décadas de la Revolución Cubana; o el hecho de que hayamos sido el “Caín de Latinoamérica”, cuando defendimos la posición de Gran Bretaña en la guerra de las Malvinas; o el respaldo que ofrecimos a los invasores de Irak. No podemos aceptar, con los partidarios del gobierno, que esa falta de carácter sea una ventaja. Y no nos gusta nuestro caminar de cangrejo.
Duele pensar que mientras América Latina intenta modificar a fondo su fisonomía política, Colombia hace fila detrás de un secundario plato de lentejas. No es una coincidencia que los últimos gobiernos hayan insistido, uno tras otro, en llegar a acuerdos de libre comercio que nos ubican en una pretendida postmodernidad sin que importe el sacrificio de millones de artesanos y de campesinos. Tampoco, que la administración Uribe haya sido cómplice del atropello de la soberanía, en torno al uso de las bases militares por las fuerzas de los Estados Unidos. Menos, que el ataque en el Ecuador haya violado el territorio de un vecino, que siempre fue, y ha sido, solidario con Colombia. Nosotros queremos hacer énfasis sobre estos asuntos porque, como desplazados de un país que cada día se vuelve más áspero y difícil, pensamos que tienen importancia para nuestro futuro colectivo.
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